Mascotas, veterinarios, medicamentos y leyes

Gaia

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El Real Decreto 666/2023, conocido como Ley del Medicamento o Ley de Medicamentos Veterinarios ha creado un enorme revuelo entre los veterinarios de toda España y, por simpatía, entre las personas que tienen animales a su cargo. Con esa ley se limita el uso, administración y receta de medicamentos (sobre todo de antibióticos) por parte de los veterinarios. Y esas limitaciones han sido causa de algunos problemas que han costado la vida a algunos ejemplares y de tener que afrontar multas muy importantes por parte de los profesionales que no cumplen con la norma. En situaciones urgentes, parece que las limitaciones que impone el reglamento de la ley puede ser muy peligroso para el animal enfermo.

Pero estas cosas hay que analizarlas con sumo cuidado y teniendo en cuenta antecedentes y modos de hacer que pueden justificar algunas cosas. Es raro que un Reglamento como es el UE 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre medicamentos veterinarios salga de la nada y no se sostenga sobre una lógica bien construida. Lo mismo puede decirse de la adaptación que se ha realizado en España por parte del Gobierno.

El uso y abuso de los antibióticos por parte de algunos ha sido motivo de controversia desde hace muchos años. Y ese abuso de medicamentos de este tipo puede desencadenar en la aparición de bacterias súper resistentes en los animales que pueden afectar muy seriamente a los humanos. Se han detectado miles de casos de transmisión a través de lácteos y huevos; resistencia a los antibióticos, especialmente, de uso específico, es decir, que atacan a una bacteria en particular. No olvidemos que uno de los grandes retos del futuro es ganar la batalla a esas súper bacterias que ya comienzan a llevarse por delante a miles de personas cada año. Por tanto, el problema es serio y si algún descontrol se ha detectado y se puede comprobar, esta ley podría estar justificada de principio a fin. Ahora bien, los matices son importantes en una sociedad tan compleja, tan grande y tan llena de diferencias entre unos y otros.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado en el que figura el nuevo decreto, el objetivo de la Ley del Medicamento es ‘mejorar el mercado, la fabricación, la importación y exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente’. Todo parece razonable.

Aunque se podría haber adoptado el Reglamento UE 2019/6 sin modificación alguna, el Gobierno de España optó por implementar la Ley mediante el Real Decreto 666/2023, que introdujo restricciones adicionales que no existen en otros países, como la prohibición de que los veterinarios dispensen medicamentos directamente o la obligación de hacer un cultivo previo antes de aplicar un antibiótico de uso específico. Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza porque a los humanos nos diagnostican la enfermedad y los medicamentos nos los dispensan en las farmacias. De hecho, sin receta no hay antibiótico que valga. Y nadie se queja porque no se puede defender nada que pueda provocar falta de control, tratamientos prolongados sin justificar, o la automedicación.

Los veterinarios no están de acuerdo con esta ley porque dicen que su criterio no se ha tenido en cuenta. Suele pasar cuando hablamos de Reales Decretos ya que son normas con rango de reglamento que elabora y aprueba el Gobierno de España sin pasar por las Cortes ni someterse a una votación que se emiten cuando regulan el modo en que se aplicará una norma de nivel superior, por lo que se considera que ya se han votado (en este caso, por el Parlamento Europeo). A ese ninguneo que los profesionales han sentido se suma lo que ellos creen que puede ser una ralentización del tratamiento en casos de urgencias y que puede acabar con la vida del animal. Un cultivo previo que justifique el uso del medicamento supone días de espera. Por otra parte, los veterinarios tendrán unas claras limitaciones, que ya he comentado, a la dispensación de medicamentos y esta es otra razón por la que protestan. Hasta ahora, las clínicas podían vender comprimidos y facturar por piezas. Ya no. Asalta a los veterinarios una pregunta clave: ¿salvar la vida del animal o poder ser multados si dispensan los medicamentos? Imaginen que la mascota enferma en fin de semana y no hay posibilidad de comprar medicación hasta el lunes…

Entonces, los medicamentos que sí pueden administrar pueden no ser los mejores al ser menos específicos; hay que esperar al cultivo para poder cambiar el tratamiento y puede ser ya tarde; el coste para el tutor de la mascota es mayor (en esto tengo grandes dudas ya que los precios en clínica son un escándalo) y por si fuera poco el IVA sigue siendo el 21 por ciento como si los animales fueran un producto de lujo o algo así. Por todo ello, los veterinarios reclaman la derogación del Real Decreto para proteger la salud de sus pacientes y que se confíe en su criterio profesional a la hora de administrar fármacos, como sucede en otros países de la Unión Europea.

Tengo la sensación de que, como suele pasar, van a pagar justos por pecadores puesto que los abusos han existido (fundamentalmente en granjas y establecimientos de carácter industrial), puesto que el problema que se ha comenzado a crear es muy serio y puede convertirse en un problema de salud pública mucho más grave que lo es en la actualidad.

Es posible que el Gobierno pueda reconsiderar su postura y acercarse más a lo que se va a hacer en otros países de la UE, pero eso tendrá que equilibrarse con un control exhaustivo allá donde el problema sea conocido. Personalmente, no creo que los veterinarios de las clínicas que encontramos en nuestras ciudades y pueblos estén abusando de los antibióticos (el precio que se aplica es otro cantar) y el criterio de los profesionales es esencial en el tratamiento de las enfermedades más habituales de perros y gatos.

Ya veremos cómo acaba este asunto.

G. Ramírez